No pudo ser. La esperanza que la justicia de los Estados Unidos pueda rever el fallo en contra de la Argentina por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, quedó sepultada; al ratificar la jueza en primera instancia del Departamento Sur de Manhattan, Loretta Preska, su propio fallo por la que declaró culpable al país por los daños a los accionistas por la forma en que se ejecutó la renacionalización durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La jueza, que había aceptado la semana pasada un pedido de revisión del fallo primario presentado por la ONG Republican Action for Argentina, realizó un pedido para que se anule el fallo en contra del país por la cual se condenó a la nación a pagar U$S 16.000 millones más intereses (la cifra llegaría hoy a los 17.500 millones), suspendiendo los derechos de los demandantes Burford Capital y Eton Park para cobrar ese dinero; determinó que no hay elementos en la presentación para avalar la anulación de su fallo, y dejó firme la sentencia contraria a la Nación. 

Lo hizo en tiempo récord, ratificando la información publicada por este medio, afirmando que no sólo no encontró elementos serios en la presentación; sino que además la causa se encuentra ya en una segunda instancia a la espera de avances en la Cámara de Apelaciones de Nueva York; pero Preska podría revisar algún tipo de acusaciones vinculadas al proceso de Discovery. La presentación de la ONG fue concretada el 17 de febrero, que ahora emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio para que den su opinión, y 15 días después se rechazó el pedido. Lo que la ONG pedía revisar, era si había o no relación entre Burford y Eton Park (más el primero que el segundo), en el proceso de litigio que llevó al triunfo de su posición. 

Sigue así adelante el caso, y la posibilidad que sólo Preska pueda avanzar en un capítulo bajo su estricta custodia: saber si al momento de pagar Argentina, le girará o no dinero a algún involucrado directo (persona o sociedad) en el proceso de renacionalización. O, dicho de otra manera, si alguno de los actores y actrices del proceso del 2012 tienen intereses directos al momento de cobrar. Y, si es así, se estaría consumando algún ilícito más que grave. Sólo habría una manera de saberlo: que Preska decida la apertura de los accionistas del litigio que, especialmente Burford, concretan contra el país; luego que este fondo en varios momentos del proceso, abra el capital de la causa a accionistas interesados; para, fundamentalmente, fondear los costos del mismo. Esos accionistas forman parte de una lista secreta en posesión del propio Burford, y que sólo una decisión de Preska podría abrir. 

Esto pasará ahora únicamente si la jueza habilita el mecanismo de Discovery Process, por el cual se requeriría que los accionistas que tienen acciones del litigio iniciado por Burford Capital, blanqueen su identidad ante el tribunal, como condición anterior a recibir el dinero. 

La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya había abandonado y cuya propiedad había quedado flotando en los tribunales españoles; con lo que se descarta tanto en la justicia de los Estados Unidos como en Buenos Aires, que el grupo financiero quedó fuera del litigio. Y, obviamente, ya no es el investigado. 

Burford, luego de comprarle el caso a la justicia de Madrid donde estaba radicada la causa por ser la residencia legal de Repsol- YPF; mudó sus intereses a Nueva York. Precisamente, al mismo tribunal en el que la Argentina litigaba contra los fondos buitre: el de Thomas Griessa. Sabía Burford que el juez norteamericano le haría un lugar al reclamo, ante el malhumor generalizado que en 2013 tenía Griessa contra el país por la batalla que el kirchnerismo hacía en ese juzgado por la demanda contra los fondos buitre.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera, sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem.

Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina, obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes. Durante la reestatización, el gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. Tampoco el Congreso, que aprobó la compra de solo el 51% de las acciones.

Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con sede en Londres y cotizante en la Bolsa de esa ciudad. Se dedica a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución.

La clave del negocio es que la adquisición de una causa no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia y aportan un puñado de capitales en una acción legal determinada y en cualquier mercado del mundo. Además de su sede en Londres y sucursales en varios países como Estados Unidos y Singapur.

Con el tiempo, los accionistas que acompañan una causa pueden, a su vez, vender esos papeles o comprar una porción mayor. También pueden figurar como socios, los tenedores originales de las acciones damnificadas y simplemente vender una parte de la causa global. Burford lo que hace luego es administrar la venta y compra de esas acciones.

En el caso de YPF, se sabe que sus socios tuvieron movimientos múltiples durante todos estos años. Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en US$440 millones, luego de haber comprado todo el paquete por menos de US$30 millones a la Justicia española.

¿Quién puede ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje? El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el “juicio del siglo” cerrado en 2016. O incluso pude ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona particular. 

Se trata en realidad de algo habitual en Burford, un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertise son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.

Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar. Para juntar las partes, Burford realizó la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes. Lo que Preska podría conocer ahora, es si hay algún actor de aquellos tiempos del 2012, que posee acciones de la causa para cobrar. Y, en consecuencia, si se cometió algún ilícito.