El esquema previsto, según fuentes oficiales, es que el plazo no exceda más allá de principios de agosto. Es que en la primera semana de ese mes, ya se anunció el primer tramo de la subasta por hasta USD500 millones de nuevos papeles correspondientes al segmento regido por los tribunales criollos, y que estará destinado a los inversores que entraron para hacer carry trade y terminaron atrapados por el cepo.

En el Ejecutivo estiman que todavía hay unos USD10.000 millones en esta situación, de los cuales una pequeña parte corresponden a fondos destinados a la economía real, pero en su mayoría se trata de capitales especulativos.

En el marco del proceso por normalizar la curva de rendimientos en pesos que incluso el empresariado más crítico se encargó de celebrar en las reuniones privadas que mantuvieron con funcionarios, se diseñó una serie de ofertas de títulos en pesos ajustados por inflación, a los que durante la última semana se sumaron tres licitaciones de USD500 millones cada una a lo largo del año, en una suerte de promesa futura de dólares para los fondos que tengan apuro por salir del país.

Lo que está claro es que en la Rosada se mantiene la definición de mantener el tramo de la deuda en pesos sin reperfilamiento o reestructuración alguna, al tiempo que para el segmento en dólares, se avanzará con los de jurisdicción local una vez que se cierre el acuerdo total o parcial por los bonos en moneda extranjera ley Nueva York, para el que se espera que las enmiendas puedan estar listas antes de agosto, sin la necesidad de prorrogar una vez más el plazo para aceptar la oferta.

La idea del oficialismo es darle un mismo tratamiento a los dos tipos de bonos, con lo cual se espera que tengan una extensión significativa en los plazos y un recorte en los cupones. Nada de esto ocurrirá para el tramo en pesos, más allá de la tensión que hubo dentro del Gobierno por el ala que pedía aplicar también una medida similar con esos títulos.

Por el momento, todo el tramo de la deuda en dólares de jurisdicción local fue reperfilada al 31 de diciembre de este año. Se trata de una cifra en torno a los USD20.000 millones, que es lo que se estima está en manos privadas, contra los más de USD66.000 millones de ley extranjera.

A diferencia de la de jurisdicción extranjera, el segmento local está "a tiro de decreto", ya que se rige por los tribunales argentinos, por lo que se trata de un proceso mucho menos complejo, y lo que explica que hoy los esfuerzo estén concentrados en los papeles emitidos bajo los tribunales de Nueva York.